Pepín tuvo que pagar $3120 millones para quedar libre y José Torello le prestó la plata

El ex asesor macrista Fabián Rodríguez Simón, radicado en Uruguay hace varios años en medio de una investigación judicial en la Argentina por presunta persecución a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, puso en marcha su regreso al país.

El exasesor de Mauricio Macri había conseguido ser eximido de ir a prisión en Argentina a cambio de una fianza millonaria de $3.120.000.000. Para pagar ese monto consiguió la ayuda de un exfuncionario del gobierno de Cambiemos investigado en la misma causa, José Torello, quien se convirtió en fiador de "Pepín".

Según el acta que quedó constancia en la causa, ayer se presentó ante la secretaría del juzgado federal 1, a cargo de la jueza María Servini, José María Torello, un hombre de estrecha confianza del ex presidente Mauricio Macri y que fue su jefe de asesores. "Se compromete solemnemente a presentar a Rodríguez Simón cada vez que sea convocado por ese tribunal." Allí señaló que anoticiado de que se le había concedido la exención de prisión a Rodríguez Simón, se convertía en fiador de "Pepín" y aportó un inmueble fijado como garantía hipotecaria. En ese acto también quedó dicho en el fiador "se compromete" solemnemente a presentar a Rodríguez Simón cada vez que sea convocado por ese tribunal".

No es un dato menor teniendo en cuenta que la jueza Servini lo declaró prófugo cuando no se presentó a la indagatoria a la que lo había convocado. Para ese entonces, "Pepín" estaba en Uruguay donde informó que había solicitado la condición de refugiado político porque estaba siendo víctima de una persecución por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que lo quería preso.

Todo sucedió en marzo de 2021. Para ese entonces, Servini había avanzado con una investigación en su contra en la que se lo acusaba de haber integrado una presunta asociación ilícita. La denuncia en su contra la había radicado el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP.

En esta causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, Cristóbal López declaró como testigo y afirmó que se reunió con Macri en 2015 y que allí el expresidente le dijo que había que "meter presa" a la expresidenta. López enfatizó que, mediante sus funcionarios, lo presionó para que cambiara la línea editorial del canal de noticias de C5N, le hizo advertencias sobre su libertad y lo coaccionó para negociar la venta del canal.

La jueza ordenó el peritaje sobre los teléfonos del ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios por tres años y medio, entre los cuales estaban "Pepín", José Torello, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y un grupo de empresarios. La Cámara ordenó limitar esas comunicaciones a momentos puntuales importantes para el expediente, pero la defensa de Macri aseguró que la jueza "desobedeció" esa instrucción.

En mayo del 2021, Servini llamó a indagatoria a "Pepín", pero el ex asesor no se presentó a la cita. Estaba en Uruguay. La jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, Simón inició el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país. La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022.

A cinco meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, la defensa de "Pepín" sorprendió con un pedido de eximición de prisión para poder volver a la Argentina sin ser detenido y presentarse en los tribunales a su indagatoria. Entendió que con las nuevas autoridades podía volver y se estimaba corroborada una intención real de sustraerse de la justicia.

El 8 de mayo, la jueza Servini le concedió el pedido bajo caución real de $3.120.000.000 y la imposición de una serie de obligaciones procesales. Tanto el fiscal Marijuan como los empresarios López y De Sousa apelaron contra la resolución de Servini. En una votación dividida, la Cámara Federal le confirmó el aval de volver, algo que fue ratificado en Casación. El monto de la fianza no había sido apelado, pero hasta ahora no se había depositado. Eso cambió ahora. El próximo paso entonces será la indagatoria.

Info:Infobae