Obra pública: el Gobierno acumula deudas por $400.000 millones

Producto del cese de la obra pública, el Gobierno mantiene una deuda con las empresas de la construcción de $400.000 millones aproximadamente, según el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Un monto acumulado entre septiembre, octubre y noviembre, consecuencia de 3.500 obras que la gestión de Javier Milei paralizó. Se trata de un escenario similar al que sucedió con Cammesa. De hecho, el empresario no descartó la posibilidad de que pueda solucionarse de la misma manera, es decir, mediante pagos en bonos. "Va a depender del valor", planteó Weiss en una charla con periodistas.

En el marco de la Convención Anual de Camarco, el titular de la cámara constructora reconoció que, para el Gobierno, la prioridad hoy "es el ajuste fiscal, bajar la inflación, que es arreglar las variables macroeconómicas, y en la medida en que eso vaya surtiendo efecto empezará a haber fondos disponibles" para la obra pública. En su opinión, "claramente había que hacer un ajuste de la macro en líneas generales". Sin embargo, disintió respecto a la suspensión de la obra pública que impulsó la nueva administración.

"La obra pública genera mucho empleo, genera mucha actividad económica. Hay que entender también que gran parte de la obra pública es mantenimiento de infraestructura existente. Si no se mantienen los caminos, los hospitales, las escuelas, empieza a haber una caída generalizada de esa infraestructura que después cuesta muchísimo más dinero levantarla", argumentó.

La deuda con las constructoras

Remarcó que "hay muchas empresas constructoras muy complicadas en su continuidad" que incluso exhibieron dificultades para pagar salarios. "Están endeudadas con bancos, endeudadas con proveedores, endeudadas con la AFIP, a pesar de que se han achicado con una estructura que hay que pagar todos los meses. Nadie puede sobrevivir facturando cero o casi cero", se lamentó.

Sobre este punto, explicó que Nación mantiene una deuda por 3.500 obras ejecutadas entre septiembre y noviembre del año, equivalente a $400.000 millones. "Hubo algunos esporádicos pagos de esa deuda, pero el grueso de la deuda sigue sin pagarse", se quejó. "Están postergando el pago porque privilegian el superávit y, simultáneamente, les viene bien porque a medida que pasa el tiempo la licuación es más grande", apuntó.

Según el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas, si los pagos al contratista se retrasan por más de 30 días, la empresa tendrá "derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco Nación". Si la demora ocurre por causa del contratista, sin embargo, "no tendrá derecho al pago de intereses"

Además, Weiss descartó la posibilidad de recurrir a la justicia, producto del retraso en las resoluciones del Poder Judicial. "Es muy lenta, el fallo definitivo es dentro de 10, 12, 13, 14 años. No conviene con los tiempos en la justicia".

Respecto a la posibilidad saldar la deuda mediante el pago de bono en moneda dura, como sucedió con las generadoras de energía acreedoras de Cammesa, Weiss no descartó esa opción. "Va a depender del valor del bono, porque si el bono es un bono que ajusta relativamente cerca de la paridad, lo va a agarrar todo el mundo. Ahora, si el bono cotiza al 30% o 20%, no creo que lo agarre nadie. Entonces, depende de las características del bono".

Y acotó: "Las empresas necesitan urgentemente que les paguen la deuda. Primero que les paguen la deuda. Después veremos cómo reiniciamos las obras".

De todas maneras, remarcó que la cantidad de puestos perdidos dentro del sector se mantiene en torno a los 100.000, con el riesgo de que "potencialmente hablando, se podrían perder otros 100.000 empleos indirectos".

Respecto a la posibilidad de que la infraestructura pueda ser financiada por privados, explicó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como un ejemplo. "A través del RIGI puede venir inversión privada en infraestructura, además de minería, petróleo, etc. Depende de varias cosas. Primero, de estabilidad macro, de bajar la inflación, de seguridad jurídica. De una serie de condiciones que Argentina no cumple, salvo en el RIGI. Veremos cómo se reglamenta, pero ese es el objetivo".

En este sentido, explicó que, si Argentina llegara a cumplir las condiciones para que haya un alto nivel de inversión privada en obras de infraestructura, "en el mundo la inversión privada no supera el 15% de la inversión total". Y ahondó: "El 85% restante lo siguen haciendo los gobiernos, en su nivel nacional, provincial y municipal. Eso es así porque son poco las obras de infraestructura que tienen viabilidad económica para un privado. El peaje es un ejemplo".

Info: Bae Negocios